A partir de que se estableció en 1971 la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental mediante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de Estocolmo 1972, el país de México comenzó a desarrollar metodologías y mecanismos tendientes a Evaluar el Impacto Ambiental de las actividades antropogénicas que se han producido a lo largo de la historia.

Por lo tanto, el Gobierno de México creó unidades de la Administración Pública orientadas a la atención de temas ambientales donde surge el diseño de procedimiento técnicos-administrativos como primer requerimiento de una Evaluación de Impacto Ambiental.

No obstante, en el devenir histórico de la evolución Legislativa e Institucional, el instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido modificado hasta ser regulado por la entidad de gestión pública ubicada en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y en su Reglamento en la materia (REIA), se destaca el propósito de la Evaluación de Impacto Ambiental, orientado fundamentalmente a la protección de ecosistemas y de recursos naturales. Así mismo, el instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental se concibe como el instrumento de la Política Ambiental de aplicación inmediata, que se orienta a la prevención del deterioro y del desequilibrio ecológico que pudiera derivar del desarrollo económico del país.

Así mismo, el proceso que conlleva a elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental, está directamente vinculado al desarrollo de los proyectos de inversión, particularmente en la fase de planeación y definición del proyecto, de acuerdo con los elementos determinados en la Ley el Promovente, por medio de un consultor, se desarrolla la Evaluación de Impacto Ambiental para ser integrada en la Manifestación de Impacto Ambiental, la cual es presentada a la autoridad para su valoración y resolución de procedencia.

Para lo cual, Seguridad Proambiental ofrece estudios con las metodologías adecuadas para cada proyecto donde se requiera realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental e integración de las Manifestaciones de Impacto Ambiental, observando en su elaboración diferentes ordenamientos jurídicos aplicables, los cuales incidirán de forma directa en el enfoque de análisis y evaluación de las consideraciones ambientales de cada proyecto en particular y que, conforman en su conjunto los elementos necesarios para determinar el grado de afectación al ambiente y con ello determinar el tipo de medidas que deben de ser establecidas para favorecer el desarrollo sustentable.

Dependiendo del tipo de actividad de inversión y/o desarrollo de que se trate; el tipo, calidad y cantidad de los recursos naturales identificados en la zona propuesta de ubicación del proyecto en evaluación; las condiciones sociales prevalecientes en el entorno; las condiciones económicas y de desarrollo de otras actividades ya existentes en la zona propuesta de ubicación del nuevo proyecto e incluso las condiciones culturales, la Evaluación de Impacto Ambiental deberá ser desarrolla de tal forma que se identifiquen las condiciones naturales preexistentes en la zona propuesta de ubicación del proyecto en evaluación y los posibles escenarios con y sin proyecto, que pudieran presentarse en función a los efectos y procesos evolutivos de los ecosistemas en su entorno.

Estas consideraciones, implican, además del desarrollo de un trabajo multidisciplinario intenso, la consideración de una amplia gama de instrumentos y regulaciones jurídicas que inciden en los distintos tipos de proyectos de inversión.

Esto implica una verdadera oportunidad para mejorar eficiencias y eficacias de cualquier proyecto que se quiere desarrollar mediante la Evaluación de Impacto Ambiental, e incidir en el desarrollo nacional de forma transversal y estratégica para orientarla por la vía de la sustentabilidad.

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