Evaluación de riesgos socioambientales en proyectos de infraestructura

La evaluación de riesgos sociales y ambientales es un proceso clave para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de proyectos de infraestructura. Este proceso implica una caracterización del riesgo inherente, determinando su nivel según el sector y la ubicación geográfica del proyecto.

El riesgo inherente se define mediante un proceso multidisciplinario que establece el nivel base de riesgo (alto, medio o bajo), siguiendo estándares como los del IFC (FIRST for Sustainability). En proyectos de alto riesgo, los impactos pueden ser significativos, irreversibles o afectar a comunidades vulnerables -como reasentamiento, desplazamientos, pérdida de biodiversidad, entre otros-. En cambio, los de medio riesgo presentan impactos manejables, reversibles y localizados, mientras que los de bajo riesgo tienen efectos mínimos o nulos. Especialistas recomiendan incluir un factor de sensibilidad del territorio para ajustar el riesgo y revisar la clasificación al menos cada dos años.

Para una evaluación precisa, los analistas deben considerar variables clave como la actividad económica, factores de escala (número de empleados, hectáreas afectadas) y el marco regulatorio aplicable (que puede variar según el tamaño de la empresa). Una sugerencia práctica es utilizar una sola variable para evitar matrices de clasificación demasiado complejas.

Además de los aspectos técnicos, la Evaluación de riesgo Social y Ambiental demanda habilidades blandas fundamentales. Entre ellas destacan el liderazgo, la comunicación efectiva, la escucha activa (para comprender las preocupaciones de comunidades y clientes), así como la flexibilidad y negociación durante las visitas de campo. Como señalan Carlos Barquero, Emma Tristán y Mariela Sáenz (Futuris Consulting, 2025), «La ESDD no es solo un ejercicio de escritorio; exige interacción con equipos multidisciplinarios y stakeholders».

El proceso de evaluación se divide en dos etapas principales:

1. Evaluación de escritorio: Revisión de permisos, estudios de impacto ambiental y social, planes de gestión y reportes regulatorios para identificar brechas preliminares.
2. Evaluación de campo: Incluye inspecciones in situ para validar hallazgos y diálogo directo con comunidades y actores locales.

De este modo, una evaluación robusta de riesgos socioambientales combina análisis técnicos, contextuales y habilidades interpersonales. Consultoras como Seguridad Proambiental enfatizan la importancia de realizar estudios de factibilidad socioambiental en proyectos de infraestructura, definir los criterios bajos buenas prácticas internacionales y adaptarse a las particularidades de cada proyecto.

Referencia:
«Etapa de evaluación de debida diligencia». Barquero, C.; Tristán, E.; Sáenz, M. Futuris Consulting. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2025.

Adaptado de estándares IFC, FIRST for Sustainability y metodologías de Seguridad Proambiental.